Estamos en el inicio de una legislatura sensiblemente distinta a las anteriores. Así, por primera vez, tendremos un Ejecutivo de coalición que, en el marco de un Congreso fragmentado y radicalizado, apunta a la inestabilidad ante unos años muy exigentes. Unos retos que, desde una perspectiva económica, se sitúan en cuatro ámbitos: gobernar la globalización, atender a los colectivos más frágiles, mejorar la competitividad y mantener los equilibrios macroeconómicos.

El origen del profundo malestar social y descalabro de la política tradicional se sitúa en una globalización tan acelerada como desregulada. Una carencia que supera, con mucho, las capacidades de cualquier estado y que sólo puede ser abordada desde organismos supranacionales, como la Unión Europea. Por ello, en la legislatura, que también se inicia para las instituciones de la Unión, España debe impulsar medidas tan necesarias como, entre otras, la armonización fiscal de determinados impuestos y las políticas de competencia orientadas a los monopolios digitales.

Tras la crisis, la recuperación económica no ha alcanzado a todos y, así, la marginalidad de determinados colectivos tiende a enquistarse. De manera destacada, el de los desempleados pero, también, el de aquellos ciudadanos que, con empleos precarios y de baja calidad, ni llegan a final de mes ni albergan esperanzas de un futuro mejor. Al no disponer de un remedio conocido, debemos experimentar con medidas como las rentas mínimas de inserción, en sus diversas modalidades. Unas ayudas que deben orientarse a colectivos concretos, estableciéndose mecanismos de evaluación para, en su caso, eliminarlas, reformarlas o ampliarlas a nuevos grupos.

La previsible mayor sensibilidad social no debe resultar incompatible con la mejora de la competitividad empresarial. En este sentido, las políticas públicas deben estimular, de manera prioritaria, una mayor dimensión para nuestras empresas y la digitalización de nuestro tejido de pymes. En el ámbito laboral, la lucha contra la precariedad y los abusos en la externalización no conlleva, necesariamente, el eliminar aspectos de la reforma que han contribuido a la generación de empleo.

Finalmente, deben respetarse los equilibrios macroeconómicos que, respondiendo a las exigencias de la Unión Europea, garanticen la sostenibilidad del sistema. En este ámbito, la reforma prioritaria se sitúa en el ámbito de las pensiones, que vienen comportando un gasto anual superior a los ingresos. Nuestro sistema debe adecuarse a la realidad demográfica y la mayor longevidad.

Un escenario al que, además, hemos de añadir la cuestión catalana. Pese al enorme ruido, el acuerdo de gobierno puede serenar los ánimos en Catalunya y vislumbrar un cierto camino de salido del conflicto. Un motivo para la esperanza que, sin embargo, se desvanece en la medida en que esa calma recobrada en Catalunya puede conducir a una mayor radicalidad en el conjunto de España. Estábamos mal y podemos ir a peor. Suerte al nuevo Gobierno.